Excélsior.- A partir de hoy viernes quedan 365 días para implementar en todo el país la Reforma al Sistema de Justicia Penal aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y que entró en vigor al día siguiente.Los legisladores otorgaron un periodo de gracia de ocho años, para que las 32 entidades del país realizaran las reformas a sus marcos legales, la capacitación del personal de seguridad y procuración de justicia, así como para la construcción de la infraestructura adecuada.
A siete años de la aprobación de la reforma, y hasta mayo del presente año, sólo seis entidades aplican la reforma en su totalidad en el ámbito de los delitos del fuero común: Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León y Yucatán.
En materia de los delitos federales los estados de Durango, Puebla, Yucatán y Zacatecas, aplican la reforma junto con el nuevo Código Nacional de Procedimiento Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de marzo de 2014.
El Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral es una de las transformaciones más importantes en esta materia en la historia del país, cuyos ejes principales son garantizar la presunción de inocencia de una persona acusada de un delito, con lo que se elimina el término de “presunto culpable”.
A partir de su aplicación, la investigación de un delito se realizará de manera científica, los juicios serán orales, transparentes, se buscarán las salidas alternas para la solución de conflictos y se garantizará la reparación de daño, entre otras cualidades del sistema.
Se cumplirá la meta
María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, es optimista y asegura que se cumplirá con el plazo que vence en un año.
“Hoy tenemos seis entidades operando al 100 por ciento en el ámbito local todo el sistema en todo su territorio, de ellas podríamos decir sólo Durango ya tiene el Nuevo Sistema Penal a nivel federal.
“Podemos decir que hay otras 24 entidades federativas que están operando parcialmente, sea por delitos o sea por territorios, todo ello nos lleva a un mapa totalmente diferenciado en el que hemos ido avanzando de acuerdo a la naturaleza, a las visiones políticas, sociales y culturales de cada entidad”, comentó.
Aseguró que se ha trabajado de manera eficiente para formar el equipo de capacitadores, pero reconoce el rezago en infraestructura y el nulo avance en entidades como Sonora.
“Se ha marcado públicamente que necesitamos impulsar estados como Sonora, que es un estado que en este momento es indispensable hacer un énfasis con el gobierno electo, y en la etapa de transición para que esta promesa que entren en septiembre se logre”, explicó.
Fromow Rangel reconoce que otro reto a superar en el año que viene es la capacitación de policías, principalmente con las corporaciones municipales y estatales, y de otros funcionarios que participarán en el nuevo sistema.
“Cuáles son grandes retos: la formación de los policías, que es un tema que se ha marcado desde un principio y que ahora estamos conjuntando esfuerzos, incluso con cooperación internacional.
“La formación de policías investigadores, a la formación de ministerios públicos, de asistentes jurídicos a víctimas, de los propios defensores, dotarlos no sólo de la tecnología y los espacios para que brinde los servicios, sino dotarlos de una verdadera profesionalización”, afirmó la encargada de supervisar la implementación del sistema.