Con el objetivo de visibilizar los retos y pendientes en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, se llevó a cabo el Foro de discusión “Retos y Perspectivas de los Derechos Humanos de las Mujeres”, que servirá para elaborar una agenda amplia de trabajo en la que ya participan los tres poderes del Estado, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional (Ciisder) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Dentro del Foro de Discusión fueron integradas seis mesas de trabajo en las que se abordaron los temas del feminicidio; desapariciones de mujeres y niñas; interrupción legal del embarazo; trata de mujeres y niñas; violencias contra las mujeres; y embarazo infantil y adolescente.
La ombudsperson Jakqueline Ordoñez Brasdefer subrayó que el Foro servirá para dar voz a la sociedad civil organizada y a la sociedad en general sobre la visibilización de los retos y pendientes en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, todo bajo una mirada transversal que permita al gobierno estatal dar seguimiento a las demandas para elaborar una agenda de trabajo en la que se materialice la atención a las mujeres de Tlaxcala.
Sostuvo que la CEDH se encuentra comprometida en coadyuvar y contribuir en la materialización de los derechos humanos de las niñas y mujeres, por lo cual asume su responsabilidad de ocuparse de las demandas pendientes y abonar en el camino para que los derechos plasmados en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales se vean cristalizados en acciones certeras y palpables. “De ahí ser, como organismo autónomo, un puente entre el gobierno y la sociedad civil organizada”, precisó.
Por su parte, la directora del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), Margarita Cisneros Tzoni, reiteró que de las propuestas surgidas en las seis mesas de discusión, emanará una agenda de trabajo, situación por la que aquellas instituciones públicas y colectivos feministas participantes serán convocados nuevamente para atender la agenda y las propuestas, pero de acuerdo al alcance de lo que éstas implican.
“Ningún problema de la sociedad se podrá solucionar negándolo, más bien reconociendo su origen ancestral y un sinnúmero de factores que inciden en la misma. En pleno siglo XXI aún existe esta imperante necesidad de consolidar la igualdad entre mujeres y hombres, y vivir sin discriminación y sin violencia”, dijo.
A su vez, la diputada local Lorena Ruíz García reconoció que los trabajos arrojarán “resultados concretos sobre lo que aún falta en materia legislativa, lo que debemos corregir, modificar o agregar a nuestras leyes para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y acceso a la justicia”.
Lo anterior, dijo, además de brindar las herramientas correctas a las autoridades estatales para que puedan impartir adecuadamente la justicia, “sobre todo porque las leyes que son justas se convierten en la llave para lograr el bien común y en la posibilidad de alcanzar el desarrollo pleno y digno de las personas”, señaló.
En su turno, la presidenta del Poder Judicial del Estado, Mary Cruz Cortés Ornelas, subrayó que la colaboración, la coordinación y el pluralismo de ideas entre instituciones y asociaciones de la sociedad civil, son el mecanismo idóneo para la obtención de objetivos comunes, tal y como sucede con la organización de este foro.
“El poder Judicial reitera su compromiso en el respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres, específicamente a tutelar el derecho a la justicia en igualdad de condiciones, que lleva implícita la obligación de los órganos jurisdiccionales de juzgar con perspectiva de género. A partir de ello, garantizar que tanto en el procedimiento como en la sentencia que se dicte, se adopten las medidas especiales de protección que permitan hacer factible el derecho a la igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución Política federal”, precisó.
Cabe destacar que en la organización de este foro y la agenda futura de trabajo participan la CEDH, el Instituto Estatal de la Mujer, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Gobierno, el Ciisder de la UAT, el Poder Judicial y la LXIV Legislatura local. (Boletín)