En el marco de la VI Cumbre Iberoamericana de Movilidad humana y trata de personas “Los flujos migratorios: el reto del siglo XXI”, que tuvo lugar en El Salvador, San Salvador, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), Jakqueline Ordoñez Brasdefer, impartió la conferencia “Protocolo interinstitucional de identificación, detección y atención a migrantes: protección de los derechos humanos y colaboración interinstitucional”.
Los participantes en la Cumbre, reflexionaron sobre la complejidad de la movilidad humana, enfatizando en la necesidad de estar alertas sobre las nuevas tendencias, retos y desafíos que se configuran en la actualidad, recogiendo la diversidad de experiencias y modelos en el marco de la protección y acompañamiento a esta población que suele encontrarse en situación de vulnerabilidad, bajo modelos de control social que escapan de los principios de respeto por los derechos humanos.
En ese contexto, la Ombudsperson detalló que, a través del Protocolo, publicado por el gobierno del estado de Tlaxcala, el Estado implementa buenas prácticas, de manera interinstitucional, incluyendo la perspectiva de derechos humanos con un trabajo integral y de coordinación que abarca, desde la identificación, divulgación y atención de las personas migrantes para asegurar una respuesta eficiente.
Añadió que la CEDHT actúa conforme al Protocolo Interinstitucional de Atención a Migrantes, protegiendo los derechos humanos de las personas en movilidad, mediante la investigación, denuncia, promoción de conciliaciones y la emisión de recomendaciones públicas.
Entre los temas abordados en la VI Cumbre Iberoamericana de Movilidad humana y trata de personas, que fue organizada por la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), se abordaron temas como “Gobernanza Migratoria: estrategias para la práctica sostenible de los Estados”; “Niñez no acompañada y sus Derechos en la frontera sur de Estados Unidos”; “Retos y DDHH en la Movilidad Humana en las Américas”; “Rutas migratorias y su impacto en Iberoamérica: La vulnerabilidad de las niñas y niños no acompañados/as en los procesos migratorios” y “Alerta temprana y desplazamiento forzado por causas ambientales y violencia”, entre otros.
Como parte de los resultados de esta Cumbre, los participantes emitieron un Pronunciamiento, en el que consideran, entre otras cosas, que los Estados deben superar las causas que motivan los desplazamientos voluntarios y forzados de personas como las situaciones políticas, económicas, sociales y ambientales, de carácter estructural, de lo contrario, las personas seguirán buscando mejores oportunidades de vida y/o de protección o seguridad.
Además, en consonancia con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, las instituciones defensoras de Derechos Humanos constituyen un papel fundamental en monitorear riesgos o amenazas hacia los flujos migratorios, así como la recepción, investigación y seguimiento de las denuncias sobre situaciones en que se niegue u obstaculice sistemáticamente el acceso de las personas migrantes a los servicios básicos y coadyuvar con los Estados para prevenir y detectar la utilización de características raciales, étnicas y religiosas de las personas migrantes por las autoridades públicas, así como los casos sistemáticos de intolerancia, xenofobia, racismo, entre otros.
Por lo que exhortan a los Estados Iberoamericanos a cumplir los objetivos y compromisos del Pacto Mundial para la Migración Segura; Fortalecer los procesos de atención, protección y acompañamiento institucional con enfoque diferenciado hacia personas en contexto de movilidad humana, particularmente grupos en situaciones de vulnerabilidad; así como reconocer la feminización en la movilidad humana y la trata de personas, considerando las desigualdades universales de las mujeres que están presentes también de manera desproporcionada en este fenómeno.
También piden a los estados iberoamericanos que adopten medidas para garantizar la protección de la niñez no acompañada en la movilidad humana, así como fortalecer la cooperación entre países para compartir información y buenas prácticas en la identificación y persecución de redes de trata; fortalecer las políticas públicas en el abordaje de la Alerta Temprana sobre desplazamiento por causas ambientales, violencia y seguridad alimentaria con el propósito de abordar los factores adversos que la propician, entre otras cosas.
Las y los ponentes participantes en dicha Cumbre, que también son personas defensoras de derechos humanos son de: El Salvador, México, Puerto Rico, España, Panamá, Colombia, Honduras, Ecuador y Portugal. (Boletín)