Esta reforma tiene como objetivo simplificar los trámites administrativos e impulsar el uso de plataformas digitales, con el fin de reducir la intervención de intermediarios y minimizar el riesgo de prácticas corruptas. Se establece que no se solicitarán documentos que no hayan sido generados por el propio gobierno, se eliminarán requisitos no indispensables y se otorgará la misma validez a documentos en formato digital y físico.
Tras la aprobación unánime, el Dictamen fue remitido a las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, a fin de que continúe su proceso legislativo y sea sometido próximamente a discusión y votación en el Pleno.