La Comisión Especial dió a conocer ante el pleno que, durante 15 días hábiles realizó las gestiones necesarias para allegarse de elementos probatorios, consistentes en oficios, actas de cabildo, recibos de pago, reportes de seguridad, videograbaciones, documentos electorales y otras piezas documentales relevantes, tanto del denunciante como de las autoridades estatales y municipales requeridas, incluyendo a la Presidenta Municipal, la Dirección de Gobernación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5).
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y en el Reglamento Interior del Congreso del Estado, la Comisión Especial presentó su informe final ante el Pleno de la LXV Legislatura, en el que recomienda su disolución y el inmediato remitido del expediente, junto con todo el acervo probatorio recabado, a la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes.
Dicha instancia especializada será la encargada de analizar la procedencia del juicio político, determinar la existencia de responsabilidades políticas y, en su caso, emitir las declaraciones correspondientes conforme al marco normativo aplicable. Con ello, el Poder Legislativo reitera su compromiso con el Estado de Derecho, la transparencia y la rendición de cuentas, garantizando el debido proceso a todas las partes involucradas. (Boletín)