De acuerdo con la carpeta de investigación, la delegada del entonces programa social PROSPERA, presentó denuncia ante el Ministerio Público Federal (MPF) por hechos constitutivos de delito. Los cuales señalaron que derivado de una auditoria, se observaron diversas irregularidades cometidas por el imputado, quien en la época de los hechos era servidor público.
Derivado de las investigaciones ministeriales y periciales, el Ministerio Público formuló imputación contra Armando “N”, por el delito de peculado, por lo que fue vinculado a proceso.
Con base al Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso culminó con la celebración de un acuerdo reparatorio, entre el imputado y la parte afectada consistente en el pago de 223 mil 405 pesos, el cual fue autorizado por el Juez de Control. (Boletín)