Como se ha difundido, casi la mitad (6 mil 830 millones) iría a capacitación, donde se prepara a las personas que alistarán a los funcionarios de casilla y recorrerán el país para afinar detalles logísticos; una cantidad menor (4 mil 522 millones) se destinaría a organización, área que en los comicios ordinarios se encarga de proveer todos los materiales, incluidas las boletas.
El tercer gasto más alto (mil 124 millones) lo ocupa la Dirección de Administración, y el resto a las áreas que en conjunto serían los responsables de 48 proyectos.
De las cantidades mencionadas, tanto la general como las particulares, dedicarían –en promedio– 52.77 por ciento de todo lo asignado al pago de nóminas (capítulo 1000, servicios personales), y sólo porcentajes menores a materiales y suministros, servicios generales, transferencias y bienes muebles, inmuebles e intangibles.
Por ejemplo, la Dirección de Capacitación y Educación Electoral destinaría 5 mil 069 millones a nóminas.
El proyecto aprobado ayer en la junta ejecutiva debe llevarse al Consejo General, en una sesión en la que no podrán participar representantes de partidos políticos, sólo consejeros, medida que ratificó el Tribunal Electoral.
Al final, el INE enviará su propuesta a la Cámara de Diputados, vía la Secretaría de Hacienda, donde se determinará el origen de los recursos, ya sea fiscal o, como se ha señalado en el propio Legislativo, saldrá de los fideicomisos con que cuenta el Poder Judicial de la Federación.
El monto general, 13 mil 205.1 millones de pesos, es idéntico al que se divulgó en días anteriores en los grupos de trabajo del INE, lo que significa que no hubo reducciones pese a que en distintos espacios, incluida la Presidencia de la República, se sugirió elaborar un proyecto más austero.
Este viernes, la sesión de la junta ejecutiva fue encabezada por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei; dicha junta está integrada por los principales funcionarios del INE. No hubo exposición del tema, discusión o votaciones diferenciadas; fue sesión de trámite y el voto a favor del proyecto fue unánime.
Adicionalmente, el Consejo General debe aprobar el presupuesto ordinario del INE para el año entrante, calculado en 27 mil millones de pesos, incluidos aquí más de 7 mil millones que pasan directo a las cuentas de los seis partidos con registro nacional.
En el caso de la elección de juzgadores, se determinó establecer un presupuesto de carácter precautorio, como ocurre con el dinero asignado para eventuales consultas ciudadanas, a fin de ajustarlo a la baja o alta según sean las circunstancias.
En el documento aprobado se confirman las atribuciones del INE y de su Junta General Ejecutiva para dar este paso y, en su momento, manejar el dinero correspondiente para la elección de ministros, magistrados y jueces de distrito de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía, el primer domingo de 2025.
Resultado de la reforma judicial, el Consejo General del INE podrá emitir los acuerdos necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización de dicha elección. Ahí se añade un periodo de campañas de información a la ciudadanía y promoción del voto.