El dictamen establece que la víctima tendrá derecho a solicitar a la Comisión Ejecutiva o a las comisiones respectivas, un intérprete o traductor lingüístico cuando no comprenda el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual.
Proyecto
Dispone que la Asesoría Jurídica estará integrada, además de asesores jurídicos y peritos, por intérpretes o traductores lingüísticos y profesionistas técnicos de diversas disciplinas que se requieran para la defensa de los derechos de las víctimas.
El proyecto, que fue aprobado con 87 votos y enviado al Ejecutivo Federal, modifica los artículos 166, 168 y 170 de la Ley General de Víctimas.
Además, plantea que las entidades federativas también deberán contar con intérpretes o traductores lingüísticos que darán atención a las víctimas que no comprendan el idioma español o tengan discapacidad auditiva, verbal o visual.