En tanto, una treintena de organizaciones civiles señalaron que estas acciones “se enmarcan dentro de la política de desmantelamiento del sector ambiental” y “envía un muy desafortunado e incongruente mensaje en cuanto al compromiso” de México para combatir el cambio climático.
En un comunicado, la dependencia que encabeza María Luisa Albores enunció que con el fin de impulsar “reformas administrativas profundas” en el sector, las atribuciones y personal del INECC pasarán a formar parte de la secretaría.
En el caso del IMTA, sus colaboradores se sumarán a la estructura de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Afirmó que en ambos casos, se respetarán los derechos laborales de los trabajadores, y las oficinas, laboratorios e instalaciones no tendrán cambio alguno.
El jueves pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que era “muy probable” la incorporación del INECC a la secretaría. “Entre más se ahorre, más dinero liberamos para el bienestar de la gente (…) Y no es un asunto administrativo, es un asunto de principios, no puede haber duplicidad de funciones”.
Según la dependencia, realizó un “análisis minucioso de su estructura interna y la de sus órganos desconcentrados y descentralizados, identificando la complementariedad de responsabilidades” entre la Semarnat y el INECC, así como entre el IMTA y la Conagua.
Asimismo, indicó, “se reconoció la falta de vinculación y coordinación entre las políticas públicas establecidas y las acciones diseñadas para su implementación”.
Representantes de organizaciones civiles, entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental e Iniciativa Climática de México, expresaron su “enorme preocupación” por la desaparición de ambos institutos, e indicaron que estas acciones “debilitan aún más la capacidad de México para proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático”.
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores del IMTA solicitó al jefe del Ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador una audiencia para exponerle la importancia del instituto, el cual “se ha posicionado como el brazo tecnológico” de la Conagua, y ha desarrollado proyectos para los gobiernos federal y estatales, así como organizaciones no gubernamentales, entre otros, además de que genera ingresos propios que rebasan más de 50 por ciento de su presupuesto anual y, por lo tanto, es autosustentable.
Los trabajadores expusieron que la “extinción de nuestra fuente laboral sería una flagrante violación a nuestro derecho” de libertad sindical y contratación colectiva, siendo un proceso contrario al principio de progresividad de las leyes y violación, incluso, de la Constitución, la Ley del Trabajo, y los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros.