Este medio día, el mandatario federal se reunió con las madres y los padres de los estudiantes víctimas de desaparición forzada desde septiembre de 2014 y con integrantes de las organizaciones civiles que los han acompañado, donde —de acuerdo a un comunicado— les comentó que:
“Desde que ocurrió este lamentable caso, las autoridades de ese entonces, con la complacencia de supuestos defensores de derechos humanos de la llamada sociedad civil y de organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y agencias de Estados Unidos, buscaron ocultar la verdad de los hechos y, para ello, inventaron la mal llamada ‘verdad histórica’”.
En el boletín de Presidencia, difundido esta noche —siete horas después de concluido el encuentro—, se aludió a la polémica por los exámenes genéticos realizados a varios restos óseos encontrados en diversos puntos de Guerrero, unos resguardados en la fiscalía del estado desde 2015 y otros hallados en la llamada cueva del Árbol del Amate y otros puntos, y que de acuerdo a las autoridades federales "no se procesaron (en su momento) por falta de autorización o validación de las y los peritos argentinos” del llamado Equipo Argentino de Antropología Forense (que ha destacado por su labor en diversos casos, como el llamado Campo Algodonero sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua).
De acuerdo a la información dada a conocer esta noche, el jefe del Ejecutivo ratificó que continuarán las indagatorias hasta el final de su gobierno, en tres meses.
A la par que reafirmó su compromiso para encontrar a los normalistas desaparecidos.
Ratificó que trabaja en un documento que él mismo escribió para dar respuesta a cada pregunta de las familias y les comentó a los familiares de las víctimas que la reunión con la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum se realizará el 29 de julio.
La información difundida en el comunicado va en consonancia con los argumentos que López Obrador ha expresado desde hace varios meses en diversas mañaneras cuando se refiere al caso, al responsabilizar a los centros de derechos humanos que han acompañado a las familias —como el Miguel Agustín Pro Juárez y Tlachinollan— y a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH de un presunto interés por “obstaculizar” los avances de las investigaciones.
Esto aun cuando fue la investigación de los integrantes del GIEI la que primero dio un revés a la llamada “verdad histórica” elaborada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando el fiscal general era Jesús Murillo Karam.
De acuerdo con el comunicado de Presidencia, durante la reunión con las familias de los normalistas de esta tarde en Palacio Nacional, el titular de la Unidad Especial para el Caso de la FGR, Rosendo Gómez, informó que por estos crímenes hay procesos penales en los que se ha vinculado a ex servidores públicos federales, militares y policías estatales y municipales, así como a miembros del crimen organizado.
A la fecha, agregó, “suman 141 procesados, tres extradiciones en proceso y 27 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar”. Esto con el fin de “romper el pacto de silencio”. Además, agregó, se realizaron 43 sesiones de trabajo con 15 informantes que mostraron interés en colaborar con la investigación.
En palabras del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, en lo que va de 2024 se han realizado búsquedas en campo en 251 sitios, “que ya superan las 182 realizadas en los dos últimos años; es decir, las exploraciones de 2024 aumentaron 291 por ciento respecto a las del año anterior”.