Luego de casi cinco horas de intervenciones, todas ellas a favor de la iniciativa, ésta se aprobó por unanimidad de 492 votos a favor. Se presentó un total de 167 reservas al dictamen, las cuales serán desahogadas antes de la votación en lo particular.
Desde los posicionamientos de todos los partidos y en los discursos de los 18 oradores que subieron a tribuna, se encomió que uno de los aspectos más importantes de la reforma –que modifica el Artículo 2° de la Constitución-- es el reconocer a los pueblos originarios como “sujetos de derecho público”, y no sólo como sujetos de interés público.
De esta manera, las comunidades podrán recibir presupuesto público, ejercerlo y cumplir con las obligaciones correlativas.
Otro aspecto importante de la reforma, destacaron los legisladores, es contempla instituir el derecho de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, para proteger los derechos, bienes y valores de las comunidades originarias “cuando se pretendan adoptar medidas legislativas y administrativas que puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno”.
De igual forma, celebraron que con la modificación constitucional se le brinda asistencia jurisdiccional idónea a las personas indígenas que lo requieran, lo cual obliga a las instituciones de justicia a garantizar su derecho a ser asistidas y asesoradas por intérpretes, traductores, defensores y peritos especializados en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género, y diversidad cultural y lingüística.
Pese a haberse aprobado por unanimidad, hubo también algunos señalamientos críticos a la reforma por parte de diputados de oposición, entre ellos el panista Asael Hernández, quien cuestionó la viabilidad financiera de la iniciativa, en particular a nivel municipal, por lo que llamó a estar vigilantes de que se garantizarán los recursos para estas tareas en el Presupuesto de Egresos de la Federación en 2025.