Abad arremetió contra el presidente, Daniel Noboa, con quien mantiene una abierta disputa, y afirmó que el proceso administrativo en su contra “no es aplicable a funcionarios electos en las urnas” por lo que pidió la intervención de las autoridades de control del país andino.
La vicepresidenta fue acusada por la cancillería ante el Ministerio de Trabajo por no haber cumplido la orden de trasladarse el 1 de septiembre desde Israel —donde se desempeña como embajadora designada por el presidente— hacia Turquía debido al conflicto bélico que afronta el primer país. Abad llegó a Ankara ocho días más tarde.
La suspensión del cargo por 150 días, sin remuneración, se suma a una reciente multa que le impuso un tribunal electoral ecuatoriano por 8 mil 500 dólares por haber realizado campaña anticipada cuando fue candidata a la alcaldía de la ciudad de Cuenca en 2023.
Se “pretende inhabilitarme por cinco meses por una falta no cometida y sin prueba alguna, con el solo objetivo de que no asuma la presidencia de la República cuando el presidente candidato entre en su campaña electoral” en enero de 2025, aseveró Abad.
De acuerdo con la Constitución, el vicepresidente o vicepresidente debe asumir la presidencia, en ausencia temporal o definitiva del presidente.
“Hago un llamado fuerte y contundente a las autoridades de control”, dijo la segunda mandataria e instó al Legislativo, a la Fiscalía, Contraloría y otras instituciones a investigar y fiscalizar las acciones de la presidencia y otras instituciones públicas. Abad agregó que denunciará el hecho a la comunidad internacional.
La relación entre el presidente y la vicepresidenta está fracturada desde la época electoral, sin que los motivos estén claros. Noboa la ha tildado de “desleal”, mientras que Abad asegura que el gobierno de Noboa busca presionarla para que renuncie.