Los 31 miembros del ELN habían sido cobijados con el beneficio de suspensión de las órdenes de captura desde 2022 cuando iniciaron los diálogos de paz con el actual gobierno del izquierdista Gustavo Petro, dentro del marco de su política de paz total con la que pretendía disminuir la violencia en el país.
Sin embargo, el presidente suspendió la mesa de negociación la semana pasada en rechazo a la violencia desatada en el Catatumbo por enfrentamientos entre el ELN y una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.
Además de las decenas de muertos, la estatal Defensoría del Pueblo calculó que en la última semana se han desplazado forzosamente del Catatumbo, fronterizo con Venezuela, más de 32 mil personas.
La fiscalía dijo que los “actos criminales” del ELN contradicen la “participación genuina y comprometida en el proceso de paz”.