El entendimiento prevé someter a votación una legislación que permitiría financiar a la dependencia hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, el plan excluye nuevos recursos para las agencias encargadas de la aplicación de medidas migratorias, un punto que ha concentrado el desacuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso.
De acuerdo con legisladores republicanos, tanto el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como la Patrulla Fronteriza, continuarían operando con fondos previamente aprobados, pese a la negativa de la oposición a respaldar nuevas asignaciones sin imponer restricciones adicionales a las facultades de los agentes federales.
El acuerdo retoma elementos de una propuesta bipartidista que había sido descartada días antes en medio de presiones internas y disputas políticas, reflejando las dificultades para conciliar posiciones en torno a la política migratoria. En este contexto, la reapertura del DHS se perfila como una solución provisional, mientras persisten las diferencias sobre el alcance y los límites de las acciones gubernamentales en materia de control fronterizo. (La Jornada )