Este organismo internacional, compuesto por 18 expertos independientes, examinó una denuncia relativa a E. B., un albanés de 21 años diagnosticado con autismo, que padece un trastorno mental grave, diplejía espástica, hidrocefalia y epilepsia.
Él y su familia llegaron a Suecia en 2012 en busca de protección y atención médica, pero, tras años de solicitudes de asilo, fueron expulsados en 2016, cuando él tenía diez años, a Albania.
La familia regresó rápidamente a Suecia sin estatus legal para garantizar el tratamiento del menor pero las autoridades suecas rechazaron sus solicitudes de residencia y los expulsaron de nuevo en 2019, según el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que precisa que el niño tenía entonces 14 años.
"Antes de expulsar a un niño que padece una discapacidad grave y compleja y una enfermedad que pone en peligro su vida, los Estados deben llevar a cabo una evaluación rigurosa e individualizada y asegurarse de que los tratamientos y los medicamentos esenciales sean efectivamente accesibles y estén disponibles en el país de acogida", insistió Wafaa Bassim, vicepresidenta de este organismo, en un comunicado.