“Nuestra posición es que quienes deberían tener armas son los militares, las fuerzas de seguridad”, dijo Salazar de gira por Jalisco, incluida una visita a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde ofreció una breve rueda de prensa.
En agosto pasado, el gobierno mexicano demandó ante la corte federal estadunidense a 10 empresas fabricantes de armas, entre ellas Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett, responsables, según la demanda, de 70 por ciento de los asesinatos atribuidos a los cárteles en México.
Salazar evitó hablar más sobre el tema, pero sus palabras ratifican la postura del gobierno de Biden, quien ha buscado que el Congreso derogue el estatuto federal que protege a los fabricantes de armas ante las demandas de quienes son víctimas del laxo control que existe para su venta.
El diplomático estadunidense también expresó su beneplácito por los programas que ha emprendido el gobierno de México para arraigar a la gente en sus comunidades y evitar los flujos migrantes, una fórmula que, afirmó, es apoyada también por la administración de su país.