"Este es un país democrático y de derecho, aquí no se espía, no se intervienen conversaciones, no se intervienen informaciones si no es al amparo de la ley, del derecho", afirmó en rueda de prensa la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
El movimiento independentista catalán acusó el lunes al Estado español de haber espiado a más de 60 de sus líderes mediante el software israelí Pegasus, que solo puede ser adquirido por Estados o gobiernos, luego de que ese esquema fuera dado a conocer en un informe del Citizen Lab, un organismo canadiense con sede en la Universidad de Toronto.
Casi todos los incidentes con ese programa informático israelí, que permite leer mensajes y activar de manera remota la cámara y el micrófono de los teléfonos, ocurrieron entre 2017 y 2020.
Entre los afectados figuran el actual presidente regional catalán Pere Aragonés (cuando todavía era vicepresidente regional), los expresidentes catalanes Quim Torra y Artur Mas, eurodiputados, diputados del Parlamento regional catalán y miembros de organizaciones civiles independentistas, según Citizen Lab.
El ex presidente catalán y eurodiputado Carles Puigdemont, quien se marchó a Bélgica para evadir la justicia tras la frustrada secesión de Cataluña en octubre de 2017, no fue directamente atacado, pero sí muchas personas de su entorno, entre ellas su esposa, agregó el organismo canadiense.
"Hemos sido espiados de forma masiva e ilegal a través de un programa que sólo pueden tener los Estados. Políticos, abogados y activistas, víctimas de la guerra sucia del Estado español", denunció Puigdemont el lunes en Twitter.
"El gobierno no acepta que se ponga en cuestión la calidad democrática de nuestro país. España es un Estado democrático y de derecho, donde se respetan escrupulosamente los derechos y libertades individuales", replicó Isabel Rodríguez.
"El gobierno nada tiene que ver" con este esquema, "no tiene nada que ocultar", insistió la portavoz, afirmando que "el gobierno colaborará al máximo con la justicia en la investigación de estos hechos" si los tribunales lo requieren.
Desde hace más de una década, Cataluña ha sido foco de una pugna entre el separatismo, que controla desde hace años el gobierno y Parlamento regionales, y el ejecutivo central español.
Su momento más álgido ocurrió en octubre de 2017, cuando tuvo lugar en la región un referendo ilegal de autodeterminación y una subsiguiente fallida declaración de independencia.
Las tensiones bajaron considerablemente desde que el gobierno del socialista Pedro Sánchez lanzara una negociación con los independentistas en febrero de 2020 e indultara en junio de 2021 a nueve líderes independentistas presos por los sucesos de 2017.