El Gobierno británico presentó un proyecto de ley que modifica unilateralmente el “protocolo de Irlanda del Norte”, negociado en el marco del Brexit con la Unión Europea (UE), quien denuncia la violación de un acuerdo internacional vinculante y amenaza con represalias.
Cuando hace más de un mes Londres anunció sus intenciones, presentó el proyecto como un último recurso para calmar la tensión política en esa región británica y presionar a la UE para su renegociación.
“Preferimos una solución negociada, pero la UE debe estar dispuesta a cambiar el protocolo”, reiteró la ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, insistiendo en la necesidad de “restaurar la estabilidad política” en Irlanda del Norte.
Bruselas se ha mostrado dispuesta a realizar “ajustes”, pero los contactos entre ambas partes no avanzaron y las autoridades europeas advierten que si Londres lleva a delante su plan “deberán responder con todas las medidas a su disposición”.
Desde el inicio de la negociación del Brexit en 2017, proteger el precario equilibrio de fuerzas en Irlanda del Norte, región británica histórica y culturalmente muy unida a la vecina República de Irlanda -país miembro de la UE- siempre fue el mayor escollo a superar.
Pese a que Reino Unido salió oficialmente del bloque en febrero de 2020 y completamente en enero de 2021, el “protocolo” siempre ha provocado tensiones, no solo entre Londres y Bruselas, sino también en las instituciones autónomas regionales de Belfast.
El Acuerdo de Paz del Viernes Santo de 1988, que puso fin a tres décadas de sangriento conflicto entre unionistas protestantes y republicanos católicos norirlandeses, impuso que ambas partes compartan el poder en el ejecutivo regional de esta nación británica de 1.9 millones de habitantes.
Sin embargo, tras la histórica victoria del partido republicano Sinn Fein -exbrazo político del grupo armado IRA y partidario de la reunificación de Irlanda- en las legislativas regionales del 5 de mayo, el partido unionista DUP bloquea el Parlamento autónomo y se niega a formar Gobierno hasta que Londres no modifique el protocolo.