Largamente esperado, el informe de esta agencia de la ONU publicado el miércoles aseguró que eran creíbles las denuncias de torturas, trabajos forzados y agresiones sexuales y advirtió de posibles "crímenes contra la humanidad" en esta región del lejano oeste de China.
Pekín, que había tratado de frenar el informe elaborado durante un año, respondió con furia a su publicación y compartió un documento de un centenar de páginas del gobierno provincial de Xinjiang defendiendo su política.
"El supuesto informe crítico que usted mencionó está planeado y fabricado de primera mano por Estados Unidos y algunas fuerzas occidentales, es totalmente ilegal e inválido", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, en una rueda de prensa rutinaria.
El informe es "una mezcla de desinformación" y "una herramienta política de la estrategia de Occidente de utilizar Xinjiang para controlar a China", añadió.
Wang también aseguró que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos se había convertido en "esbirro y cómplice" de Estados Unidos y Occidente.
El documento relata una serie de violaciones de derechos contra los uigures y otras minorías musulmanas en Xinjiang, poniendo el sello de la ONU a denuncias planteadas desde hace tiempo por grupos de activistas, uigures exiliados y países occidentales.
"El alcance de la detención arbitraria y discriminatoria de uigures y miembros de otros grupos mayoritariamente musulmanes (…) puede ser constitutivo de crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad", afirman sus conclusiones.
Estas, sin embargo, evitan el término "genocidio" al que han recurrido Estados Unidos y algunos parlamentos occidentales lo que, según Wang Wenbin, demuestra que sus "mentiras (…) se han desmoronado".
A pesar de las presiones contrarias, el documento fue publicado a las 23:47 del miércoles en Ginebra, 13 minutos antes de la conclusión del mandato de la chilena Michelle Bachelet como Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
"Dije que lo publicaría antes del fin de mi mandato y lo hice", aseguró la ex presidenta chilena en un correo electrónico a Afp. "La politización de estos graves asuntos de derechos humanos por algunos estados no ayudó", añadió.
Hace años que China recibe acusaciones de haber detenido a más de un millón de uigures y otros musulmanes en centros de reclusión.
Pekín rechaza las acusaciones y asegura que son centros vocacionales de formación para combatir el separatismo y el extremismo religioso en la región, escenario en el pasado por atentados y choques étnicos.
"Se han cometido serios abusos de derechos humanos en XUAR (Región Autónoma Uigur en Xinjiang) en el contexto de la aplicación de estrategias gubernamentales de contraterrorismo y contraextremismo", asegura el informe.
Sus autores dan credibilidad a las denuncias de torturas, malos tratos, imposición de tratamientos médicos, agresiones sexuales o esterilizaciones forzadas en estos centros.
La agencia de la ONU no detalló cuántas personas fueron recluidas en esta red de centros, pero señaló que el sistema operaba a "gran escala" en toda la región.(Boletín)