En esas condiciones extremas recorrieron dos mil 700 millas náuticas hasta que en una escala en la isla canaria de La Palma fueron detectados y trasladados por la policía española a centros hospitalarios para evaluar su situación clínica. El gobierno español devolvió al menos a dos al buque, si bien ante las solicitudes de asilo presentadas por diversas organizaciones humanitarias finalmente se anunció que estudiarán el caso.
Para llegar desde Lagos hasta la isla de La Palma, el buque petrolero tuvo que recorrer dos mil 700 millas náuticas, lo que equivale a unos cinco mil kilometros terrestres, si bien lo más arriesgado es haber viajado en la pala del timón, que es la que recibe los primeros impactos de las olas. De hecho los responsables de rescatar a los tres jóvenes africanos del buque se sorprendieron de que ni la furia del mar, ni el viento o la lluvia hubieran provocado que los polizones se precipitaran al mar. Y, según los testimonios de los sobreviventes, no embarcó nadie más con ellos.
Sofía Hernández, jefa del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo español de Las Palmas, que es la que se encargó junto con la policía de su rescate, explicó que la pala del timón “es un sitio que no está habilitado para albergar a una persona, con unas condiciones ambientales de mar abierto y riesgo de morir por deshidratación, porque caigas al agua por un golpe de mar, por hipotermia… Así que el riesgo máximo. Y el habitáculo se puede inundar, es muy posible, además, que pase eso”, señaló.
Una vez localizados, la policía española los trasladó a centros hospitalarios, donde fueron atendidos con signos de deshidratación e hipotermia. Dos de ellos fueron dados alta al poco tiempo de ingresar y devueltos al buque, mientras que el tercero se encuentra todavía hospitalizado.
Según la legislación internacional que rige en estos casos, los “polizones” son aquellas personas que embarcan clandestinamente en un medio de transporte, sea de personas o de mercancías y entre las obligaciones que tienen los responsables del buque es el de “adoptar las medidas oportunas para mantenerlos a bordo en condiciones dignas hasta su llegada a puerto y, en caso que ello proceda conforme a la normativa en materia de extranjería e inmigración, entrega a las Autoridades competentes”.
Si bien este tipo tipo de casos también se contempla que se aplique la Convención de Ginebra, sobre todo de cara las solicitudes de asilo, que en la mayor parte de los casos se dificulta o ni siquiera se tramita.
Precisamente para evitar que los tres jóvenes africanos que arriesgaron la vida en la travesía fueron deportados a su país, la organización Caminando Fronteras, junto con el secretariado de migraciones de la Diósesis de Canarias y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) se movilizaron cuando conocieron la noticia de que las autoridades españolas ya habían devuelto al buque a dos de los polizones y el otro estaba a la espera de que mejorara su situación clínica. Así que presentaron sendas solicitudes de asilo, que el gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, se comprometió a estudiar.
Desde la asociación humanitaria Caminando Fronteras expresaron su “preocupación por lo acontecido, particularmente ante un eventual escenario de repatriaciones con premura. El hecho de someterse a una travesía de tal riesgo debe ser considerado como un indicio para analizar de manera individualizada las circunstancias personales de los tres náufragos”.
Así que reclamaron que se derive a las tres personas a los programas de “atención humanitaria a personas migrantes para que sean acogidas en alguno de los centros que la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración para que puedan recibir la asistencia necesaria para recuperarse anímicamente y psicológicamente a la vista de la naturaleza de los hechos y la peligrosa travesía que podría haber sido mortal o se realice un análisis individualizado de las circunstancias personales, con el fin de identificar situaciones de vulnerabilidad (víctimas de trata, solicitantes de protección internacional, menores de edad, etc.) a las que el Estado español debe brindar protección conforme a la normativa”.
Con esta petición formal, al menos el gobierno español ya tendrá la obligación de estudiar cada caso y en cualquier caso el buque petrolero podrá zarpar sin ellos y desvincularse legalmente del futuro de los jóvenes. De hecho el buque zarpará de Las Palmas el próximo 2 de diciembre y los tres jóvenes permancerán en territorio español.