El movimiento feminista español está dividido y en los últimos meses se ha agudizado este cisma a raíz de las aprobaciones de las leyes del “sí es sí”, que ha provocado a su pesar la rebaja de condenas de centenares de agresores sociales, y de la “ley trans”, que un sector del movimiento considera atentatoria contra sus derechos. Pero, a pesar de esta fractura, las protestas congregaron a miles de personas en las principales ciudades y plazas, que portaban los símbolos habituales en este día, como las insignias moradas y las pancartas que reivindican la igualdad y el respeto a los derechos de las mujeres.
El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, gracias a la coalición de su propio partido y de Unidas Podemos (UP) marchó también dividido. La distancia entre ambos partidos se hizo aún más patente en la sesión parlamentaria del pasado martes, cuando se aprobó, con el apoyo de la derecha del Partido Popular (PP), admitir a trámite una reforma de la llamada ley “del sí es sí”, que es precisamente la que regula las agresiones sexuales y que fue una de las legislaciones bandera de la ministra de Igualdad y lideresa de UP, Irene Montero. De ahí que la formación morada se negara en rotundo a reformarla, a pesar de que, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la nueva legislación provocó la rebaja de penas a 735 delincuentes sexuales y la salida de prisión prematura de más de 70.
De ahí que en Madrid se llevaron a cabo dos manifestaciones con distintos recorridos, pero con el mismo punto de partida: la estación de Atocha. Otras grandes ciudades como Bilbao, Sevilla o Valencia también estarán marcadas por dos bloques feministas. En Barcelona, por contra, varias plataformas abolicionistas marcharán en la concentración unitaria de la tarde.
Otra fractura en el seno del movimiento feminista fue el relativo a la prostitución, ya que una inmensa mayoría del movimiento está a favor de que se apruebe la ley de abolición de esta práctica y que ya está en trámite ya en el Congreso de los Diputados. Pero también hay una parte significativa del movimiento, además de los propios colectivos de trabajadoras sexuales, que rechazan esta legislación porque a su juicio las “criminaliza”.