En plena campaña electoral por los comicios municipales y autonómicos del próximo 28 de mayo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decidió situar en la agenda del debate el problema crónico de la vivienda, que sobre todo padecen los jóvenes que tienen muchos problemas para emanciparse, entre otros motivos por la falta de trabajo (la tasa de desempleo juvenil en España es la más alta de Europa y supera el 32 por ciento), pero también por los elevados costos tanto de la vivienda en venta como en alquiler.
El espíritu de la nueva ley pretende facilitar precisamente el acceso a la primera vivienda de los jóvenes, gracias sobre todo al empeño de los diputados de ERC y EH-Bildu, que pujaron hasta el final por la aprobación de la ley tal y como quedó, en la que se fija un tope a los incrementos del precio del alquiler -que no puede superar el dos por ciento a partir del próximo año- y se controla a lo que definen como los “grandes tenedores” de vivienda, entre los que se encuentran los llamados “fondos buitres”. Esta ley había permanecido congelada los últimos cuatro años, sobre todo por las reticencias del PSOE y la rama económica del gobierno a “intervenir” en el mercado inmobiliario, pero finalmente cedieron ante los argumentos de sus socios parlamentarios catalanes y vascos.
El presidente Sánchez calificó la legislación como “un hito de la democracia” y aseguró que gracias a su articulado, que todavía tiene que ser aprobado en el Senado, supondrá “un cambio de paradigma” para modificar el actual modelo neoliberal de la ley del Suelo de 1989 y que a partir de ahora la vivienda será considerada “como un derecho y un bien de primera necesidad”.