El argumento esgrimido, y por el que también ha recibido críticas por parte del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y del Ejecutivo español, del socialista Pedro Sánchez, es que en sus listas electorales de cara a los comicios municipales y autonómicos del próximo 28 de mayo se incluyeron a 44 personas que en el pasado fueron juzgadas y condenadas como miembros de ETA.
El próximo 28 de mayo habrá elecciones municipales en todo el país y autonómicas en 13 de las 17 comunidades. En el País Vasco sólo se renovarán las administraciones municipales y las diputaciones forales. Las encuestas registran una igualdad inédita entre el hegemónico PNV y EH-Bildu, de la que forma parte preponderante la formación política Sortu, que es la heredera de la tradición política de la izquierda abertzale y de la extinta Batasuna, considerada durante los años del histórico conflicto en el País Vasco como el brazo político de ETA.
Las encuestas no sólo advierten de que por primera vez EH-Bildu podría convertirse en el partido más votado y gobernará una buena parte del poder territorial de la región, sino que además parte con buenas perspectivas de cara a las elecciones autonómicas del próximo año, en las que habrá renovación del Parlamento y por tanto del Ejecutivo vasco. En este contexto, EH-Bildu presentó sus listas electorales para el País Vasco y Navarra, con centenares de personas vinculadas a los movimientos sociales y al independentismo.
Un día después de haber presentado las listas, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denunció públicamente que entre los candidatos de la formación política había hasta 44 personas que “pertenecieron a ETA” y de las cuales había siete con “delitos de sangre”, como Juan Carlos Arriaga Martínez, que fue condenado a 29 años de prisión por el asesinato en 1984 de Jesús Alcocer Jiménez, así como Begoña Uzkudun Etxenagusia, condenada a 18 años de prisión por el asesinato de José Larrañaga Arenas, también en 1984.
Vox y el sector más extremista del PP, liderado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, exigieron a la Fiscalía española que abra diligencias para iniciar la ilegalización de la formación política, apelando a la Ley de Partidos, a pesar de que la Junta Electoral aprobó las listas de EH-Bildu, con lo que dio su conformidad legal a los aspirantes. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no exigió su ilegalización, pero sí arremetió contra el gobierno de Pedro Sánchez por sus alianzas parlamentarias con la formación vasca. “Lo indigno es que tú, Pedro Sánchez, pactes con ellos y sometas el futuro de España con ellos”, dijo el líder del PP en un acto electoral el pasado domingo.