Con el ajuste, emitido por medio de una edición vespertina en el Diario Oficial de la Federación, se crean las secretarías de la Mujer y de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
También, la Secretaría de la Función Pública modifica su nombre a Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Se define que es facultad de esta dependencia el “ejercer las atribuciones que le correspondan en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables”.
También, indica que debe “establecer las políticas, bases y normativa para la determinación de la información de interés público que, en materia de anticorrupción y buen gobierno, se deba difundir proactivamente”, así como “promover y consolidar los principios de la transparencia y acceso a la información pública, y los mecanismos de participación ciudadana en la ejecución y evaluación de la gestión pública”.
Por su parte, a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, se le atribuyen facultades para “elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal”, así como formular y conducir la política nacional en materia de soberanía tecnológica, y promover las soluciones tecnológicas para la digitalización de trámites y servicios, entre otras.
A la par, se le asignan nuevas atribuciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como la coordinación con instancias estatales y “llevar a cabo acciones para requerir, tener acceso, recibir e intercambiar información que pueda revelar o esclarecer hechos, aportar indicios y pruebas durante las investigaciones, por parte de las instituciones y autoridades que dispongan de ella”. El decreto entrará en vigor este viernes.