En 908 solicitudes ante los tribunales "se han presentado cargos en contra de 41 mil 106 personas por pertenecer a estas organizaciones criminales (pandillas)", declaró Delgado al estatal canal 10 de televisión.
A la Fiscalía le queda por presentar a la justicia el requerimiento contra cinco detenidos más "para un total de 46 mil personas que de alguna manera las diligencias iniciales indican que están asociadas con las pandillas", aseguró Delgado.
"En este momento lo que se está observando es una retirada de los pandilleros de sus zonas de confort (…), de las zonas donde ellos estaban ejecutando sus acciones criminales", agregó.
"No resisten o no tienen capacidad para resistir los embates" de la policía y el ejército, que se han trasladado a áreas rurales donde se ocultan para capturarlos.
En virtud de los enfrentamientos armados, que han dejado cuatro bajas en las fuerzas de seguridad, Delgado instruyó que "no se procese a ningún policía o efectivo militar" porque "su accionar está totalmente justificado por la ley".
En algunas zonas, las pandillas "intimidaban" a la población, y "al imponer sus reglas pretendían (…) sustituir en alguna medida al Estado"
En respuesta a una escalada de 87 asesinatos cometidos entre el 25 y 27 de marzo, el Congreso, a petición de Bukele, decretó el 27 de marzo un régimen de excepción que se ha prorrogado hasta fines de julio y que permite detenciones sin orden judicial-
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han llamado al gobierno salvadoreño a respetar los derechos humanos.
Las pandillas MS-13 y Barrio 18 son las que más delinquen en El Salvador. Hasta antes de la arremetida del gobierno, estaban encarcelados unos 16 mil de sus miembros.
Con las detenciones realizadas en 110 días de régimen de excepción, estarían tras las rejas 62 mil pandilleros, un 88,5 por ciento de los 70 mil que integrarían esos grupos.