El ministro de Seguridad Aníbal Fernández dijo el martes a periodistas que luego de la llamada intimidatoria realizada el lunes “se dio rápidamente intervención a la Policía (Federal)” y el hecho “se está investigando”. El llamado fue realizado por una persona a la que se intenta identificar desde la ciudad de La Plata, unos 70 kilómetros al sur de Buenos Aires.
El ministro indicó que habló con la vicepresidenta y también ex mandataria (2007-2015) para informarle sobre esta amenaza y al ser consultado sobre si se reforzará su seguridad dijo que “eso lo deben analizar los especialistas y el jefe de la custodia de Cristina Kirchner”.
Fernández fue víctima el 1 de septiembre de un frustrado atentado en las inmediaciones de su vivienda en Buenos Aires cometido por el brasileño Fernando Sabag Montiel, de 35 años, quien fue detenido de inmediato. Su novia, la argentina Brenda Uliarte, de 23, fue arrestada tres días después. Ambos están acusados de haber intentado asesinar a la dirigente peronista.
Otra argentina, identificada como Agustina Díaz, fue arrestada en las últimas horas, dijo a The Associated Press un funcionario conocedor de la causa judicial que no se quiso identificar porque pesa el secreto de sumario sobre la investigación.
El frustrado ataque a Fernández de Kirchner, de 69 años, ha generado gran conmoción. Desde hace más de dos décadas la dirigente peronista es una figura central de la política argentina, donde ha ejercido como legisladora, presidenta durante dos mandatos consecutivos y ahora vicepresidenta.
Sabag Montiel fue detenido tras gatillar dos veces con su pistola Bersa a pocos centímetros de la cabeza de la vicepresidenta. El arma tenía cinco balas pero no llevaba ninguna en la recámara, por lo que la bala no salió, según la policía.
El agresor reside en Argentina desde la década de 1990 e imágenes obtenidas de sus cuentas en redes sociales -ahora inactivas- lo han mostrado posando con sus manos y brazos llenos de tatuajes asociados con simbología nazi.
En tanto, varios medios de prensa han reportado que en el teléfono celular de Uliarte los investigadores descubrieron mensajes y documentos que la relacionan con grupos de ultraderecha. AP no pudo confirmar esta información.
Una foto de Uliarte que fue borrada de sus redes sociales y publicada por la prensa la mostró participando de una marcha de varias decenas de personas realizada en agosto en contra del gobierno.