Suu Kyi, de 77 años, fue detenida el 1 de febrero de 2021 cuando los militares arrebataron el poder a su gobierno electo. Ella ha rechazado las acusaciones en su contra en este caso, en el que fue acusada de recibir 550 mil dólares como soborno de Maung Weik, un magnate condenado hace años por tráfico de drogas.
Los casos de corrupción constituyen la mayor parte de los cargos presentados por los militares contra la ganadora del Premio Nobel de la Paz de 1991. Ha sido acusada de 12 cargos bajo la ley anticorrupción, cada uno de los cuales conlleva una pena de hasta 15 años de prisión y una multa.
La exmandataria ya sumaba penas de 23 años de cárcel por importación y posesión ilegal de walkie-talkies, violación de las restricciones contra el coronavirus, violar la ley oficial de secretos del país, sedición, fraude electoral y otros cinco cargos de corrupción.
Analistas y partidarios independientes dijeron que todos los cargos ha tenido motivaciones políticas y han sido un intento de desacreditarla y legitimar el golpe de Estado, además de impedir que participara en las elecciones que el ejército ha prometido para 2023.
En los meses recientes, los juicios se han realizado en un tribunal dentro de la prisión principal en las afueras de Naipyidó, la capital. Desde su arresto, no ha sido vista ni se le ha permitido hablar en público. Sus abogados habían sido una fuente de información sobre los procesos, pero no se les ha permitido hablar públicamente en su nombre desde que se les aplicó una orden de mordaza el año pasado.