El estado de emergencia rige desde mediados de mayo en la región de La Araucanía y en dos provincias del Biobío, 600 kilómetros al sur de la capital chilena, donde sectores minoritarios de la etnia mapuche exigen por la fuerza la devolución de territorios ancestrales mientras la mayoría está por obtener la restitución de tierras por métodos pacíficos.
A pocas horas de que el Senado aprobara la undécima prórroga del estado de excepción por 27 votos a favor y uno en contra, desconocidos quemaron una vivienda, dos galpones, un camión y un aserradero con maquinarias en una hacienda en La Araucanía, además de cuatro cabañas en una empobrecida comuna de la región, según informes policiales. La víspera los diputados habían dado su visto bueno a la extensión por 116 sufragios a favor, 20 en contra y 10 abstenciones.
En un comunicado difundido por redes sociales la Coordinadora Arauco Malleco, una organización armada compuesta por grupos mapuches, llamó a boicotear la visita de Boric y “a no caer en las trampas del gobierno”, en aparente alusión a un diálogo político que el mandatario busca impulsar en la zona.
“Boric pisará nuestro territorio ancestral, mientras en éste se expanden los proyectos extractivistas y se llenan las cárceles de presos políticos”, añade la nota. El gobierno afirma que en Chile no existen presos políticos sino personas encarceladas por delitos.
Los detalles del viaje del mandatario a la llamada Macrozona Sur se han mantenido en secreto para evitar atentados en los lugares que visitará en los próximos días.
El senador opositor José Manuel Ossandón, que votó a favor de extender el estado de emergencia, declaró que “es una vergüenza que (Boric) no pueda decir” qué lugares visitará y cuándo porque en la Macrozona Sur “no existe un estado de derecho”. Agregó que hay grupos “que le han declarado la guerra a Chile”.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, presente en la sala del Senado, señaló que los últimos atentados “no van a impedir la presencia del presidente”.
Tohá precisó a los diputados que durante la vigencia del estado de excepción en 2021 y este año los atentados han disminuido en un 47%.
Boric era un duro detractor del estado de emergencia que permite al Ejecutivo utilizar a las Fuerzas Armadas en el control del orden público, pero a poco más de dos meses de asumir el poder en marzo último debió recurrir a los militares ante el incremento de los ataques a haciendas y camiones que transitaban por las rutas de La Araucanía y el Biobío.
Sin embargo, redujo las facultades de las Fuerzas Armadas, que ahora no pueden restringir los derechos de movilización y reunión, y dispuso que sólo controlen las principales rutas de la Macrozona Sur.
El gobierno de Boric trabaja en un proyecto de ley que permita crear una variante del actual estado de emergencia cuya vigencia es sólo de 15 días, por lo que está obligado a acudir al Congreso cada dos semanas para renovarlo. La iniciativa buscará extenderlo por 60 días en cada ocasión.