"Estamos aquí hoy para informar sobre una matanza masiva, desapariciones forzadas, actos de tortura, discriminación y racismo, violación del principio de no devolución. Todo eso en suelo europeo", afirmó la secretaria general de Amnistía, Agnès Callamard, durante la presentación en Madrid de un informe sobre la tragedia.
Son "violaciones del derecho internacional", continuó, señalando a las autoridades españolas y marroquíes de querer "encubrir sus asesinatos" escondiendo la verdad, a casi seis meses de haber ocurrido los hechos.
Según el informe de la ONG, que recabó testimonios de numerosos migrantes presentes el 24 de junio en la frontera entre Marruecos y Melila y analizó videos e imágenes satelitales, "los métodos empleados por las autoridades marroquíes y españolas contribuyeron a la muerte de al menos 37 personas".
Según las autoridades marroquíes, ese día hubo 23 muertos.
Amnistía asegura que 77 migrantes permanecen desaparecidos desde los hechos.
"Algunas acciones de los agentes españoles y marroquíes (…) pueden constituir violaciones del derecho a no sufrir tortura y otros malos tratos", escribió Amnistía.
Entre esas acciones estarían "golpear a personas que ya estaban inmovilizadas (…), negar asistencia médica de emergencia a las personas heridas (y) el uso reiterado de gas lacrimógeno contra personas que estaban en un espacio cercado del que no tenían forma de escapar".
El Ministerio español del Interior mostró en un comunicado su "más firme repulsa" al informe de Amnistía, que a su juicio contiene "afirmaciones falsarias (…) de una extrema gravedad".