Uribe Vélez, máximo líder de las fuerzas de derecha del país, fue víctima del efecto bumerang, pues quedó inmerso en una investigación judicial en su contra luego de intentar que el senador de izquierda Iván Cepeda fuera enjuiciado por el supuesto delito de manipulación de testigos.
Apenas tres semanas después de la posesión de Luz Adriana Camargo como nueva Fiscal General, esta entidad radicó un escrito de acusación para llevar a juicio al ex presidente, quien sabrá en los próximos días cuál es el juzgado penal en el que se la hará la audiencia de formalización de los cargos que se le imputan.
Gilberto Villarreal, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, le dio un inesperado giro a la gestión de la fiscalía, que en dos ocasiones anteriores había solicitado la preclusión de las investigaciones que se llevaban a cabo contra Uribe Vélez.
Villarreal dijo que tomó la decisión luego de examinar la totalidad de los testimonios de los testigos, en su mayoría ex paramilitares que purgaban condenas en varias cárceles del país, donde fueron abordados por abogados del ex mandatario para que cambiaran sus versiones a cambio de dinero, bienes y prebendas judiciales.
“La Fiscalía General de la Nación garantiza el derecho al debido proceso en todas las actuaciones a su cargo y ahora el investigado y su defensa tendrán la oportunidad de solicitar pruebas y participar en el debate oral”, anunció el ente acusador.
Las reacciones a la determinación de la fiscalía no se hicieron esperar, especialmente por parte de voceros de los partidos de oposición, como el concejal Rolando Rodríguez, quien calificó de “política” la decisión judicial y advirtió que ella llevará a una mayor polarización de la sociedad colombiana. “La marcha que se había convocado para protestar contra el gobierno el próximo 21 de abril ahora será una gigantesca expresión de solidaridad con el ex presidente Uribe a la que saldrán millones de colombianos”, pronosticó Rodríguez.