La Ley de Bases, aprobada por 147 votos a favor, 107 en contra y dos abstenciones, tras diez horas de debate, incluye el regreso de ganancias para los trabajadores, bajas de impuestos para los más ricos, una regresiva reforma laboral, facultades extraordinarias para el gobierno, privatizaciones y beneficios exorbitantes para las multinacionales.
Ambas iniciativas no solo violan la Constitución, sino que desconocen todos los derechos de los trabajadores y el pueblo, así como la entrega de Argentina a los intereses externos y la destrucción del Estado de lo que se ufana el mandatario, por ser un “topo infiltrado” para disolverlo desde adentro, lo que resulta finalmente como un golpe de Estado por otros medios.
Todo esto a pesar de la tragedia que se vive, con métodos extorsivos y amenazas abiertamente, ocultadas por los medios de comunicación masivos, mientras se silencia a los medios públicos y se reprime a periodistas que defienden la verdad, como han denunciado los sindicatos de prensa aquí.
Este día desafiando el repetido escenario del protocolo “antipiquetes” impuesto ilegalmente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegaron manifestantes a las puertas del Congreso, pero en realidad lo que se prepara son una serie de juicios entre ellos el político ante la ilegalidad de lo actuado por Milei. Se plantean procesos ante organismos internacionales, por la violación de todos los derechos, entre ellos el desmantelamientos de los organismos de Derechos Humanos, que denunció Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, entre los cuales figura el impedimento para seguir buscando a los nietos, hijos de desaparecidos durante la pasada dictadura militar.
Todo está en juego aquí, la democracia limitada que en este caso desaparecería a manos del gobierno actual, ante las exigencias del “verdadero poder detrás del trono”, que ha logrado acuerdos que entregan la soberanía nacional, tanto en el sur como en el norte del país.
Con votaciones que resultaron frustradas y después de que varios puntos como el rechazo a privatizaciones en el Senado y otros, el gobierno intimó a los gobernadores que no han recibido ningún dinero de la coparticipación que les pertenece y han llegado a una situación insostenible en sus provincias. Sólo los gobernantes de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el de La Rioja, Ricardo Quintela, han buscado los medios propios para resistir tratando de conservar como en este último caso salarios dignos. Kicillof resiste el embate en la más grandes provincia del país, que tiene el 40 por ciento de los habitantes de Argentina. Y al que se le han negado todos los fondos que le corresponden.
A pesar de las modificaciones, lo más grave es que ahora Milei contará con las facultades delegadas, el régimen para las grandes inversiones (RIGI) más limitado y una serie de desregulaciones que afectan a los trabajadores y las centrales de trabajadores, sindicatos y gremios, dejando sin ninguna defensa a más de 55 por ciento de trabajadores informales, que pueden ser despedidos sin indemnización, sin derecho a vacaciones, debiendo trabajar el tiempo que se les imponga, un “descenso al fondo del infierno” como lo caracterizaron.
Frente a esto la producción ha bajado en 30 por ciento, el desempleo registra casi medio millón de trabajadores despedidos tanto a niveles públicos como privados y se anuncian una nueva ola de despidos para el próximo mes de junio. Han cerrado ya más de 600 Pequeñas y medianas Empresas,
Aun no se han registrado la cantidad de comercios, entre ellos restaurantes que cierran cada semana, mientras han subido los precios de todos los alimentos y el consumo descendió más del 40 por ciento. Los alquileres de acuerdo al nuevo régimen han aumentado más del 40 por ciento. La economía está en descenso y aún no se registran las inversiones prometidas.
También se restituyó el impuesto a las ganancias, lo que significa otro descenso salarial, mientras se anuncia un nuevo aumentos de los combustibles lo que agrava la situación en pleno invierno.
Si bien la primera versión de la ley que tenía 600 artículos, fracasó y el gobierno tuvo que dejar pasar un tiempo para volver a la carga y aunque tuvo modificaciones, logra que seretome el debate por medios ilegales aplicados a los gobernadores
La pregunta es si se le dieron facultades ¿qué no decidirá Javier Milei y sus asesores externos si se les deja todo el poder al Ejecutivo, que ya desconoció y remplazó las leyes constitucionales?
Antes de viajar nuevamente al exterior, el presidente Milei denunció como un golpe de Estado a los manifestantes brutalmente reprimidos en las últimas semanas y mencionó el supuesto accionar de grupos terroristas, nada de lo cual se comprobó en la justicia.