La defensa de Trump presentó el viernes una moción ante la jueza Cannon para pausar el procesamiento y evaluar las implicaciones de la histórica sentencia emitida por el alto tribunal estadounidense. El Tribunal Supremo falló que los presidentes de Estados Unidos no pueden ser procesados al dejar el cargo por actos realizados dentro de sus funciones oficiales.
Inmunidad Presidencial y la Suspensión Parcial 664
Cannon, quien fue designada para el cargo por Trump en 2020 y preside el caso, suspendió algunos plazos para determinar si debe haber más información sobre el efecto del fallo de inmunidad del Tribunal Supremo que involucra al exmandatario.
En la orden recogida en el expediente judicial, la jueza señaló que "suspende los siguientes plazos inminentes" y concede "temporalmente en parte (...) la moción del acusado Trump para información complementaria sobre la Inmunidad Presidencial y la Suspensión Parcial 664".
Este fallo de Cannon se produce después de que el presidente del Tribunal Supremo de EU, John Roberts, escribiera en un fallo mayoritario de 6 contra 3 que Trump tiene derecho a al menos presunta inmunidad procesal por todos sus "actos oficiales" llevados a cabo en el cargo, en un fallo relacionado con su caso de interferencia en las elecciones federales de 2020.
Acusación contra Trump por el asalto al Capitolio
La decisión del alto tribunal se enmarca en la acusación contra Trump por el asalto al Capitolio, pero el republicano busca que las implicaciones del fallo se extiendan al resto de casos judiciales que tiene pendientes. Trump argumenta que el envío de decenas de documentos clasificados a su mansión privada de Mar-a-Lago mientras se preparaba para abandonar la Casa Blanca es una decisión que debería ser clasificada como un "acto oficial".
El equipo legal de Trump también solicitó aplazar su sentencia penal en Manhattan para evaluar si el reciente fallo del Supremo puede afectar su condena, una petición que fue aceptada por los fiscales del caso.
La sentencia de Trump, quien se convirtió en junio en el primer expresidente de EU en ser declarado culpable por un jurado en un juicio penal por delitos graves de falsificación de registros comerciales relacionados con el pago a una actriz porno para proteger su carrera presidencial en 2016, estaba programada para el 11 de julio.