Entre el pasado domingo al mediodía y el martes por la tarde, las redes sociales, sobre todo desde las plataformas X y Tik Tok, se deslizó la teoría de que el asesino del niño español de 11 años era un inmigrante irregular, o un “musulmán” a secas, o uno de los miles de menores de edad no acompañados (Menas, como se les conoce popularmente) que viven en los centros de acogida del Estado español, la mayoría en condiciones de hacinamiento. El origen de esos mensajes eran casi siempre perfiles anónimos auspiciados por la extrema derecha, desde los que propagan un mensaje de odio y racismo, si bien también hay algunos públicos, de algunos líderes de opinión de los ultras españoles, como la usuaria “Santanav”: “Un niño de 10 años asesinado a puñaladas por un magrebí. Llámenme racista, xenófoba, lo que les de la gana, pero los quiero fuera ¡YA!”.
En Inglaterra utilizaron recientemente este mismo método para incendiar las calles del país y provocar una de las campañas de odio xenófobo más grave de los últimos años en Europa, pero también lo han intentado en otros países recientemente, como en Suecia, Alemania, Francia, Italia y Holanda, entre otros.
La Fiscalía española, a través del Coordinador contra los Delitos de Odio, Miguel Ángel Aguilar, decidió tomar cartas en el asunto e iniciar una investigación para depurar responsabilidades penales, al explicar que “aquellas personas que se han servido de utilizar internet o redes sociales para la comisión de un delito, en los casos más graves y teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, serán investigados”.
Esta debate también ha servido para que se abra en España la discusión de si es necesaria o no una especie de “identidad digital” permanente, que sea obligatoria para abrirse cualquier tipo de perfil en las redes sociales, con el ánimo de impedir que el odio y el racismo se instale de forma permanente en el debate público.