Con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el texto "se convierte en ley y será comunicado al Poder Ejecutivo nacional", indicó el senador oficialista Bartolomé Abdala, a cargo de la presidencia de la Cámara.
La ley declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario y encomienda al Poder Ejecutivo actualizar los sueldos con base en la inflación acumulada desde diciembre de 2023, que suma un 144%.
Además, plantea que el gobierno actualice los montos de los gastos para el funcionamiento universitario de forma bimestral.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó la semana pasada que si la ley era aprobada sería vetada por el presidente Javier Milei.
"Toda norma que implique un gasto que no tenga los recursos correspondientes, que no tenga su partida presupuestaria, va a ser vetada por el Poder Ejecutivo", dijo el funcionario al canal televisivo TN.
Durante el debate, varios senadores opositores negaron que la ley comprometa el equilibrio fiscal y destacaron que, según datos de la oficina de presupuesto del Congreso, implicaría un gasto equivalente al 014% del PBI.
"Hay de dónde sacarlo, pero el gobierno nacional tiene como prioridad quitarle impuestos a los más ricos", señaló al cierre del debate la senadora opositora Anabel Fernández Sagasti.
El Senado también rechazó en la madrugada un decreto presidencial con el cual el gobierno asignaba 100.000 millones de pesos (1021 millones de dólares al cambio oficial) como "fondos reservados" a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Con su repudio, que . suma al de la cámara baja en agosto, el decreto de Milei quedó derogado.
La oficina del presidente acusó a los senadores de "fallarle al pueblo argentino", mientras el vocero presidencial, Manuel Adorni, lamentó en una conferencia de prensa que los servicios de inteligencia del país quedarán "desprotegidos por un grupo de irresponsables".
Argentina atraviesa una recesión en un contexto de alta inflación (236.7% interanual). El salario del 85% de los docentes universitarios no supera la línea de pobreza, cifra que llega al 60% para los empleados no docentes de las instituciones, según datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Si el gobierno veta la ley, se convertiría en la segunda legislación bloqueada por Milei, que el lunes de la semana pasada vetó un aumento del 8.1% a las jubilaciones y pensiones aprobado por amplia mayoría en el Congreso.