La medida anunciada afecta a 60 brasileños que huyeron a Argentina -tras destruir sus tobilleras electrónicas- y uno que escapó a España, el bloguero Oswaldo Eustáquio. Las decisiones completas están bajo secreto judicial y los detalles no han sido revelados, informa Agencia Brasil.
Las solicitudes fueron realizadas por la Policía Federal y, tras la autorización, el proceso llegará al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Exteriores, a quien corresponderá realizar los trámites internacionales de cada caso.
El Supremo ya condenó a más de 200 personas involucradas en el asalto a la sede del Congreso brasileño, luego de la posesión de Lula, por delitos de asociación armada, daños calificados, deterioro de bienes, abolición violenta del Estado de derecho e intento de golpe de Estado.