Los sindicatos llamaron a una novena jornada de huelga y manifestación, la primera desde que Macron adoptara por decreto hace una semana el endurecimiento de las reglas para cobrar una pensión completa, aumentando la tensión social.
Ante el temor de perder la votación en el Parlamento, el gobierno decidió adoptar sin el voto de los diputados el retraso de la edad jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el aumento de la cotización a 43 años, y no 42 como ahora, para 2027.
"Estoy muy cabreada", "nos han tratado como niños", asegura Briens, en París. Esta logopeda de 61 años decidió manifestarse después de escuchar la esperada entrevista de Macron el miércoles: "Era como si no existiéramos, como si no nos escuchara".
El mandatario dijo asumir la "impopularidad" de una reforma que quiere ver aplicada "para finales de año" por el "interés general", y cargó contra los sindicatos, la oposición y contra los manifestantes más radicales, que comparó con "sediciosos".
El líder del sindicato CGT, Philippe Martinez, lo acusó de "echar un bidón de gasolina al fuego", máxime cuando desde hace una semana, varias ciudades registran protestas no declaradas marcadas por la quema de contenedores y acusaciones de violencia policial.
Laurent Berger, líder de principal sindicato francés, CFDT, llamó a "acciones no violentas" para mantener el apoyo de la opinión pública, mayoritariamente favorable a las protestas y contraria a la reforma.
Los sindicatos son la punta de lanza desde enero de la contestación y el 7 de marzo lograron movilizar entre 1.28 millones y 3.5 millones de personas -según cifras de la policía y los organizadores respectivamente- en las protestas más grandes contra una reforma social en tres décadas.
El miércoles recibieron un espaldarazo de unos 300 profesionales de la cultura, entre ellos las actrices Juliette Binoche y Camille Cottin, que en una tribuna publicada en el diario Libération pidieron la retirada de una reforma "injusta".
Pero la manifestación de este jueves es la primera desde que Macron impuso su plan por decreto y se anuncia crucial para saber si serán capaces de mantener viva la movilización contra una reforma, que espera el visto bueno final del Consejo Constitucional.
La policía prevé "entre 600 mil y 800 mil personas en unas 320 acciones".