La tensión es máxima en Cataluña, sobre todo en las cúpulas de los partidos independentistas, ahora abiertamente enfrentados tras los comicios del pasado 14 de mayo, en los que el PSC fue la fuerza más votada, seguida de Junts per Cata-lunya (JxCat), cuyo líder, el ex presidente Carles Puigdemont, se comprometió a abandonar la política en activa si no salía elegido en las urnas. ERC, que detentaba el poder, sufrió una dura derrota, al pasar a ser la tercera fuerza y bajar en votos y escaños de forma pronunciada.
Después de meses de negociaciones, finalmente el acuerdo se desbloqueó gracias a la intervención del presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, que incluyó en el pacto una reforma integral del Estado autonómico español que permitirá que Cataluña tenga por primera vez total autonomía fiscal, tanto para recaudar como para gastar, con lo que estará al margen de la caja común de la Hacienda pública española, en la que la región representa alrededor de un 25 por ciento.
Después de la ronda de consultas, el presidente del Parlamento decidió fijar el próximo jueves para el debate de la investidura, con la amenaza latente de un inminente regreso del ex presidente catalán Puigdemont después de siete años vi-viendo entre Bélgica, Alemania y Francia para evitar ser juzgado en los tribunales españoles. Su vuelta al país pretende forzar la suspensión del pleno con su previsible detención, ya que todavía es buscado por el delito de malversación a pesar de la aprobación de la amnistía general a los líderes separatistas catalanes. “Si nuestro referente, nuestro cabeza de cartel, es detenido y no puede participar, pe-diremos que el pleno no se produzca, ya que sus derechos políticos se verán anulados”, advirtió el diputado Josep Turull, de JxCat. El objetivo de Puigdemont es mantener unido al bloque nacionalista, actualmente fragmentado por las guerras internas y la falta de un proyecto concreto para impulsar la independencia. (Boletín)